Dice la Ley del Contrato de Seguro que, por el seguro de defensa jurídica, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro.

Por lo tanto, el seguro de defensa jurídica (o protección jurídica o legal) es un seguro que protege frente a los problemas legales que el asegurado pueda tener con terceros. Pensemos, por ejemplo, en la filtración de agua que se produce desde el piso de arriba al local en el que tenemos instalado nuestro negocio o el conflicto laboral que nos ha surgido con un trabajador. Por pura lógica, se excluye la cobertura en los supuestos en los que el asegurado ejercita acciones frente a la propia compañía con el fin de exigir el cumplimiento de las prestaciones pactadas por las partes en el propio contrato de seguro.

Y es un seguro que cubre los gastos que acarrea sostener un procedimiento administrativo, judicial o arbitral. Estos gastos pueden ser los honorarios de Abogado, de Procurador, o de Peritos, el pago Tasas Judiciales, y las costas procesales (en caso de condena) que, como todo el mundo sabe, en algunos casos, pueden llegar a ser bastante elevados.

Con este seguro, el asegurado tiene un servicio jurídico de calidad sin tener que hacer frente a los costes que este tipo de servicios suponen, por lo que es un instrumento de protección muy valioso, que todo empresario debería conocer y tener contratado.

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